La impunidad de los delitos violentos y las violaciones de los derechos humanos siguen siendo problemas graves en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales ha creado un entorno hostil para los defensores de los derechos humanos que socava su capacidad para trabajar de forma independiente.

A pesar de las recientes reformas legales, el amplio uso de la prisión preventiva -combinado con las demoras en los juicios- socava los derechos de los acusados y contribuye al hacinamiento en las cárceles. Las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra las mujeres y el trabajo infantil son otras de las principales preocupaciones.

Un fallo del Tribunal Constitucional de 2013 permitió al presidente Evo Morales presentarse a un tercer mandato, aunque la constitución, en ese momento, limitaba la reelección presidencial a dos mandatos de cinco años. En un referéndum nacional de 2016, los votantes rechazaron cambiar la constitución para permitir que el presidente Morales se presentara por cuarta vez, pero en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló por completo los límites a la reelección, lo que permitirá al presidente Morales presentarse a un cuarto mandato en 2019.

Impunidad por abusos y delitos violentos

Bolivia sólo ha procesado a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos autoritarios de 1964 a 1982, en parte porque las fuerzas armadas se han negado a veces a dar información a las autoridades judiciales sobre el destino de las personas asesinadas o desaparecidas por la fuerza.

En 2018 continuó funcionando una comisión de la verdad creada por el gobierno en agosto de 2017 para llevar a cabo investigaciones no judiciales sobre los graves abusos de derechos humanos cometidos durante ese periodo. La comisión, que proporcionará información a los fiscales y jueces que traten de condenar a los responsables de los abusos, debía originalmente por ley publicar un informe sobre sus conclusiones para agosto de 2019, pero en mayo la Asamblea Plurinacional -el poder legislativo del país- permitió al presidente ampliar el plazo por un año.

La impunidad ha llevado a ataques de turbas, o linchamientos, de presuntos delincuentes. En mayo, una turba de mototaxistas en Cochabamba mató a Edson Soria, de 19 años, a quien creían que había robado varias motocicletas, según informes de prensa.

Independencia judicial

El gobierno ha tratado de reformar el sistema de justicia boliviano, que ha estado plagado de corrupción, retrasos e interferencia política durante años. Si bien las reformas son ciertamente necesarias, los esfuerzos actuales suponen un grave riesgo para la independencia judicial en el país.

En 2016, miembros de los tres poderes del Estado, así como grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas, debatieron propuestas durante una “Cumbre Nacional de Justicia.” Las recomendaciones de la cumbre incluyeron la reforma del proceso de selección de los jueces de las altas cortes, la creación de un nuevo organismo para supervisar a los jueces y la evaluación del trabajo de los jueces y fiscales actuales.

En 2017, el Congreso creó una comisión para supervisar la implementación de las recomendaciones. La comisión tiene amplios poderes, entre ellos “controlar” el nombramiento de nuevos jueces y llevar a cabo “todas las demás acciones necesarias” para aplicar las recomendaciones. Cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea Plurinacional o funcionarios del gobierno designados directamente por él.

En marzo de 2018, la comisión participó en un proceso para designar a 77 jueces de tribunales de apelación, aunque la Constitución boliviana asigna esa tarea a un consejo de la magistratura que debe ser independiente del poder ejecutivo.

En 2017, el Consejo de la Magistratura determinó que todos los jueces que fueron designados antes de la promulgación de la Constitución de 2009 debían ser considerados transitorios y podían ser destituidos sumariamente por el consejo. En mayo de 2017, el consejo destituyó sumariamente a 88 jueces.

En diciembre de 2017, los votantes eligieron a los jueces de las altas cortes y a los miembros del Consejo de la Magistratura a partir de listas creadas por la Asamblea Plurinacional, donde el partido Movimiento al Socialismo de Morales tiene una mayoría de dos tercios. Según la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), más de la mitad de los jueces y funcionarios elegidos habían trabajado para el gobierno de Morales.

En el momento de redactar este informe seguía pendiente la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre si el presidente Morales podía inscribirse como candidato para las elecciones presidenciales de 2019. En noviembre, el vicepresidente del Movimiento por el Socialismo, Gerardo García, dijo que el tribunal tendría que “asumir las consecuencias” si no permitía que Morales se postulara.

Debido proceso y condiciones carcelarias

Alrededor del 70 por ciento de todos los bolivianos detenidos no han sido condenados por un delito. Las prolongadas detenciones preventivas y las demoras en los juicios saturan las cárceles y provocan condiciones deficientes e inhumanas. A mediados de 2018, más de 16.000 reclusos estaban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de unos 5.000.

En marzo de 2018, siete presos murieron durante una operación policial en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. El Gobierno dijo que el operativo buscaba recuperar el control de la cárcel de manos de las organizaciones criminales.

Decretos presidenciales adoptados entre 2012 y 2018 permiten al presidente reducir las penas de los condenados por delitos menores y retirar los cargos contra los detenidos preventivos por delitos menores. Las cifras oficiales revelan que más de 5.000 personas se han beneficiado de estos decretos.

La Fiscalía General de la Nación ha utilizado en repetidas ocasiones una ley anticorrupción de 2010 para perseguir presuntos delitos cometidos antes de la promulgación de la ley. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe este tipo de aplicación retroactiva de los cambios en el derecho penal, a menos que hacerlo sea beneficioso para el acusado.

En octubre de 2016, la Fiscalía General utilizó la ley para acusar al empresario y líder de la oposición Samuel Doria Medina de “conducta antieconómica” por la presunta transferencia de 21 millones de dólares del gobierno a una fundación privada cuando era ministro de planificación en el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora en 1992.

En mayo de 2015, Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia y actual líder de la oposición, fue acusado de “conducta antieconómica”. Los fiscales argumentaron que funcionarios de su administración perjudicaron los “intereses del Estado” al firmar cuatro convenios petroleros con empresas extranjeras.

En julio de 2018, la Fiscalía General pidió a la Asamblea Plurinacional que juzgue a Carlos Mesa, también expresidente de Bolivia y actual líder opositor, por perjudicar los “intereses del Estado” cuando su administración expulsó del país a la empresa chilena Quirobax en 2004. En 2015, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) había concedido a Quirobax una indemnización por haber sido expulsada de Bolivia.

En septiembre, el presidente Morales concedió una amnistía a los ex presidentes Quiroga y Mesa.

Defensores de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios del gobierno, lo que socava su capacidad para trabajar de forma independiente.

Una ley y un decreto que el presidente Morales firmó en 2013 otorgan al gobierno amplios poderes para disolver organizaciones de la sociedad civil. Según el decreto, cualquier oficina gubernamental puede solicitar que el Ministerio de Autonomía revoque el permiso de una organización no gubernamental (ONG) si realiza actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, o si el representante legal de la organización es sancionado penalmente por realizar actividades que “atenten contra la seguridad o el orden público”.

El decreto también permite a la Asamblea Plurinacional solicitar la revocación del permiso de una ONG en casos de “necesidad o interés público”. Estas medidas otorgan al gobierno un margen de maniobra indebidamente amplio para interferir en el funcionamiento de los grupos independientes de la sociedad civil.

Los funcionarios bolivianos han acusado repetidamente a los grupos de derechos de participar en una conspiración internacional contra el gobierno, pero no han presentado pruebas que respalden tales afirmaciones.

Libertad de expresión

Aunque el debate público es robusto, el gobierno de Morales arremete periódicamente contra los periodistas, acusándolos, sin presentar pruebas, de publicar mentiras y distorsiones por motivos políticos. El gobierno ha acusado repetidamente a los medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente.

Bolivia carece de criterios transparentes para utilizar los fondos del gobierno en la compra de publicidad en los medios de comunicación -una importante fuente de ingresos de los medios- y algunos medios han acusado al gobierno de discriminar a quienes critican a los funcionarios del gobierno negándoles la publicidad.

Derechos indígenas

La Constitución de 2009 incluye amplias garantías para los derechos de los grupos indígenas a la titulación colectiva de tierras, la educación intercultural, la consulta previa sobre proyectos de desarrollo y la protección de los sistemas de justicia indígena.

El derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en relación con las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles no está plenamente consagrado en la legislación boliviana. Una ley minera actual limita el CLPI a la fase de explotación de las concesiones de tierras, pero las normas internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afectan a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos naturales.

En mayo de 2017, el presidente Morales firmó un proyecto de ley que autoriza la construcción de una carretera en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure. La ley se basa en una consulta de 2012 con grupos indígenas locales, que según algunos grupos de derechos no fue totalmente libre ni justa.

Violencia de género y derechos reproductivos

Las mujeres y las niñas en Bolivia siguen corriendo un alto riesgo de violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que establece medidas integrales para prevenir y perseguir la violencia contra las mujeres. La ley creó el delito de “feminicidio” (el asesinato de una mujer en determinadas circunstancias, incluidas las de violencia doméstica) y pidió la creación de refugios para mujeres, así como de fiscales y tribunales especiales para delitos de género. La Policía Nacional informó de más de 100 “feminicidios” en 2017.

Las mujeres y las niñas se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los anticonceptivos.

En virtud de la legislación boliviana, el aborto no es un delito cuando el embarazo se debe a una violación o si el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de una mujer o niña embarazada. En diciembre de 2017, la Asamblea Plurinacional aprobó una reforma penal auspiciada por el gobierno que suavizaría significativamente las restricciones al aborto.

Pero, en respuesta a las protestas, la Asamblea abrogó el proyecto de ley en enero de 2018, antes de que entrara en vigor. La ley habría despenalizado totalmente el aborto para las niñas. Habría permitido a las mujeres interrumpir el embarazo en una serie de circunstancias, incluyendo si su vida o su salud están en riesgo; si el embarazo es el resultado de una violación; y si el feto sufre de condiciones severas no compatibles con la vida fuera del vientre materno.

Trabajo infantil

En febrero de 2018, la Corte Constitucional derogó una disposición de una ley de 2014 que había permitido a los niños de hasta 10 años trabajar en actividades que no se consideran “peligrosas” o “insalubres.” La ley contravenía las normas internacionales y había convertido a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo a una edad tan temprana.

Orientación sexual e identidad de género

En 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto de ley que permite a las personas revisar el género que figura en sus documentos de identidad sin aprobación judicial previa.

Sin embargo, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que la revisión del género no otorgaba el derecho a casarse con una persona del mismo sexo biológico.

Las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio ni realizar uniones civiles. La Constitución de Bolivia de 2009 define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Principales actores internacionales

En abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Bolivia violó los derechos humanos de dos ex miembros del Parlamento boliviano al inhabilitarlos como candidatos a los cargos de alcaldes en las elecciones subnacionales de 2015.

También en abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó un caso relativo al asesinato en abril de 2009 de dos húngaros (uno de ellos de origen boliviano) y un irlandés, que el gobierno alegó que eran mercenarios implicados en un complot separatista. La policía los mató a tiros tras asaltar sus habitaciones de hotel en Santa Cruz. El presidente Morales tuiteó que la admisión del caso significaba que la comisión “era defensora del terrorismo y el separatismo”.

En junio, el gobierno de Morales propuso a Nardi Suxo, su ex ministra de Transparencia y embajadora ante las Naciones Unidas, para ser jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero su candidatura fue derrotada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.