Los residentes de Portland aprobaron el 3 de noviembre una ordenanza que aumenta el salario mínimo de la ciudad de 12 dólares por hora a 15 dólares por hora, incluyendo una disposición que obligará a los empresarios a pagar a sus empleados tiempo y medio durante una emergencia declarada por el municipio o el estado.

La disposición de “pago por riesgo” aumentará el salario mínimo de la ciudad a 18 dólares por hora en virtud de la emergencia declarada por el gobernador Mills debido al coronavirus, y si los empleadores no pagan la tasa a partir del mes que viene, pueden estar sujetos a importantes sanciones financieras en virtud de la ley de “daños triples” de Maine.

En los casos legales relacionados con los empleados que no son compensados a la tasa a la que están legalmente obligados a ser pagados, los daños triples permiten a los tribunales triplicar el importe de los daños concedidos al empleado en las demandas por robo de salario.

La ley de Maine establece que “cualquier empleador es responsable ante el empleado o los empleados por el importe de los salarios y beneficios de salud no pagados. Al dictarse una sentencia a favor de cualquier empleado o empleados, en cualquier acción presentada para recuperar los salarios no pagados o las prestaciones de salud en virtud de este subcapítulo, dicha sentencia incluye, además de los salarios no pagados o las prestaciones de salud adjudicado a ser debido, una tasa razonable de interés, los costos del juicio, incluyendo un honorario razonable del abogado, y una cantidad adicional igual al doble de la cantidad de los salarios no pagados como daños liquidados.”

De acuerdo con la ordenanza, las emergencias declaradas no sólo pueden ser problemas de salud pública como la actual pandemia de COVID-19, sino que también pueden incluir tormentas, cortes de electricidad y condiciones meteorológicas o temperaturas extremas.

Los funcionarios de la ciudad de Portland anunciaron que no aplicarán los requisitos de la ordenanza hasta 2022. Sin embargo, esto no proporciona ninguna cobertura legal a las empresas que decidan pagar a sus empleados el salario mínimo estándar en lugar de tiempo y medio durante la pandemia.

Por lo tanto, los empresarios de Portland se encuentran ahora en una posición precaria: ¿deben pagar el salario mínimo estándar y arriesgarse a ser objeto de importantes sanciones financieras, o pagar el salario inflado por la pandemia a riesgo de perder su negocio? ¿Cuánto tiempo, si es que lo hacen, pueden los empresarios de la ciudad permitirse pagar este salario antes de recortar horas y personal, o trasladarse a otra jurisdicción?

Desgraciadamente, cientos de empresas podrían acabar pagando decenas de miles de dólares o más en concepto de daños y perjuicios (durante una pandemia, cuando muchos ya están luchando por mantenerse a flote) debido a la ambigüedad de esta iniciativa y a la aplicación de la misma por parte de la ciudad.

Lori Moses, directora de la guardería Catherine Morrill de Portland, compartió con Maine Public las implicaciones que la disposición sobre la remuneración por riesgo impone a las pequeñas empresas. Calcula que la ordenanza costará a la organización 2.500 dólares más a la semana.

“No tenemos más remedio que trasladar esta carga a las familias. Y algunas familias no podrán pagarlo, y entonces no trabajarán. Así que somos la fuerza de trabajo detrás de la fuerza de trabajo. Si las guarderías cierran sus puertas, eso tendrá un efecto dominó en los empleados que no podrán trabajar”, dijo.

La Cámara de Comercio de la Comunidad de Portland está animando a las empresas afectadas por la ordenanza a buscar asesoramiento legal antes de tomar una decisión sobre lo que pagarán a sus empleados el próximo mes.

En un correo electrónico el miércoles, la cámara informó a sus miembros: “La interpretación de la ciudad puede no gobernar las demandas privadas presentadas por los empleados que reclaman que la disposición de salario de emergencia debe comenzar el 5 de diciembre de 2020. Por esta razón, instamos a todos los empleadores que puedan estar regidos por esta ordenanza a que consulten a un asesor legal y a que compartan sus preocupaciones sobre la ordenanza con sus funcionarios electos”.