Han pasado ocho años desde la intervención militar dirigida por la OTAN en Libia. Muchos analistas consideran la acción un paso crucial para proteger a los civiles de la atrocidad que se avecina. Pero hoy, Libia está más lejos que nunca de la paz.

Desde abril de 2019, las batallas entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), patrocinado por la ONU, y el Ejército Nacional Libio del general Khalifa Haftar han hecho estragos en Trípoli. A finales de julio, se estimaba que 1.100 personas habían muerto y otras 104.000 habían sido desplazadas.

A principios de julio, un ataque aéreo contra el centro de detención de migrantes de Tajoura, cerca de la capital libia, Trípoli, habría matado a más de 50 civiles y herido a 130. Cuando un ataque cayó cerca del centro apenas seis semanas antes, Amnistía Internacional advirtió de los peligros que corrían los detenidos. Sus advertencias fueron ignoradas y 610 migrantes quedaron atrapados en Tajoura cuando cayó una bomba. Según un médico que trabajaba para Médicos Sin Fronteras, había “cadáveres por todas partes y partes de cuerpos que sobresalían de entre los escombros”.

Como relata nuestro nuevo libro, la batalla de hoy por Trípoli es la última de una larga lista de horrores. La Libia posterior a la intervención se ha enfrentado al colapso político y económico, con 7.578 muertes violentas registradas entre 2012 y 2018. Cientos de miles de personas han sido desplazadas y las armas se han extendido por toda la región.

Mientras que los actos espectaculares de violencia dominan los titulares, los horrores a los que se enfrentan los civiles en Libia son rutinarios y cotidianos. Se deja morir a los migrantes por enfermedades tratables en horribles centros de detención. Un migrante en Libia, escribiendo anónimamente para The Independent, dijo: “Entramos en pánico todos los días, estamos muriendo lentamente, a causa de demasiada depresión y hambre”.

A finales de noviembre de 2017, el comisario de migración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, dijo que era, “consciente de las condiciones espantosas y degradantes en las que se encuentran algunos migrantes en Libia”. Y, sin embargo, las políticas europeas siguen propiciando activamente las violaciones extremas de los derechos humanos.

Las misiones de rescate humanitario han sido criminalizadas, dejando que la gente se ahogue en el Mediterráneo. Los migrantes capturados en el mar son devueltos a centros de detención, incluidos 90 que fueron obligados a regresar a Tajoura apenas unos días después del ataque aéreo.

Aumentando la violencia

Ghassam Salame, representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, informa de que “el apoyo externo ha sido decisivo en la intensificación de los ataques aéreos”.

La ONU está investigando actualmente las acusaciones de que los Emiratos Árabes Unidos han suministrado armas a Haftar en violación de un embargo de armas de la ONU, y se han encontrado armas francesas en una base de Haftar. Mientras tanto, Turquía está proporcionando armas a los combatientes del GNA.

El G7 y la ONU han condenado la violencia en Libia. En la práctica, sin embargo, las acciones de algunos de sus miembros alimentan la matanza e impiden una acción diplomática coordinada.

Se suele argumentar que Libia demuestra la necesidad de una planificación más sólida de las intervenciones militares humanitarias después de la intervención. Esto es engañoso. Por el contrario, la situación pone de manifiesto la necesidad de una nueva reflexión sobre la protección de los civiles.

La cuestión de la intervención suele surgir en ese momento dramático en el que los civiles corren el riesgo de sufrir una violencia extrema. A menudo se deja de lado la atrocidad cotidiana del tipo que se ve hoy en Libia: civiles en riesgo de morir de hambre, de morir por enfermedades tratables y de morir a manos de políticas insensibles. Esto no es sólo una atrocidad en sí misma. Como muestra nuestra investigación, también crea un hábitat ideal para crímenes atroces en masa, incluyendo el genocidio y la limpieza étnica. En lugar de pedir una acción militar cuando se producen crímenes atroces, nuestra atención debería centrarse en abordar las injusticias que contribuyen a crearlos.

También se olvida el papel que desempeña la comunidad internacional a la hora de alimentar el conflicto mediante el fomento de la división y la venta de armas. Francia proporcionó a Ruanda las armas utilizadas para cometer el genocidio en 1994. Las denuncias de que Francia también proporcionó entrenamiento militar a los perpetradores están siendo investigadas por una comisión de expertos francesa. Las armas de Estados Unidos y el Reino Unido se están utilizando contra los civiles de Yemen. Además, los miembros de la comunidad internacional han apoyado a distintos bandos en la guerra civil siria.

Otras opciones

Los sucesos de Libia demuestran lo que puede ocurrir cuando los actores internacionales pretenden hacer cosas buenas mediante acciones militares. Para evitar futuras atrocidades, la comunidad internacional debe reconocer lo absurdo de lanzar bombas para proteger a la población y, al mismo tiempo, detener a los inmigrantes en el centro de las zonas de guerra, traficar con armas e impedir las misiones de rescate.

La intervención militar no protege a los civiles. Debemos pedir a la comunidad internacional que cambie sus políticas insensibles que matan cada día. Debemos exigir que dejen de alimentar los crímenes atroces. Y deberíamos apoyar formas de protección no violentas, como el mantenimiento de la paz con civiles desarmados, que han demostrado su eficacia en Colombia, Sudán del Sur, Kosovo y Sri Lanka.

Apoyar la intervención militar da más licencia al militarismo de quienes ya avivan las llamas de la atrocidad. Esto sólo dará lugar a más violencia como la que se ve hoy en Libia.