Hay una campaña legislativa estatal coordinada, impulsada por la National Academy for State Health Policy (NASHP) y que se basa exclusivamente en el ICER, que recortaría temerariamente el acceso a los medicamentos recetados a las personas mayores basándose en la determinación arbitraria de que esos medicamentos han tenido “aumentos de precio no justificados” en un año determinado. Dichos medicamentos podrían variar de un año a otro e incluir medicamentos para los que no existe actualmente ningún otro tratamiento. El ICER elabora informes de análisis de costes que las compañías de seguros médicos utilizan para denegar a los pacientes el acceso a tratamientos médicos innovadores.

En enero de 2021, el ICER publicó la segunda edición de su informe, denominado de forma poco imaginativa Informe sobre el aumento de precios no respaldado, que se centra en un grupo reducido de medicamentos elegidos a dedo. Este informe incluye un análisis muy criticado. El ICER incluso admite que su informe es defectuoso y que “actualmente no tiene la capacidad de realizar análisis económicos completos junto con la evaluación de la evidencia clínica de los medicamentos en sus Informes UPI”. El comunicado de prensa de su informe es sincero en cuanto a la coordinación con el impulso de la NASHP a las leyes estatales. A pesar de estas preocupaciones y de la escasa trayectoria de este informe, el ICER y la NASHP sostienen que el informe es válido como fuente solitaria para tomar determinaciones de precios. Las entidades no gubernamentales no deberían tener el poder exclusivo de dirigir las determinaciones de acceso a los medicamentos recetados en Medicaid.

Según un análisis de Drug Channels de los datos de SSR Health (una organización independiente que recoge e informa sobre los precios de los productos farmacéuticos), el crecimiento de los precios de los medicamentos recetados se redujo significativamente en los últimos cinco años, con un descenso neto de los precios del -2,2% sólo en 2020. Además, mientras que los precios han caído, la utilización ha aumentado, lo que significa que más pacientes están utilizando más medicamentos, lo que aumenta el gasto sanitario global.

Para los proveedores de seguros de salud, la controvertida metodología del ICER sirve de base para los incentivos perversos. Los pagadores utilizan los informes del ICER para denegar la cobertura o la colocación en el formulario preferente, cuando el razonamiento en el que se basan esas decisiones ni siquiera puede reproducirse. En última instancia, el hecho de que los medicamentos sean inaccesibles e inasequibles para muchas personas mayores se debe a que las aseguradoras privadas de la Parte D y los PBM exigen mayores reembolsos a las compañías farmacéuticas (que hacen subir los precios de lista) y luego aplican una agresiva participación en los gastos. Esta práctica hace que los adultos mayores paguen más por los medicamentos que les recetan sus médicos y hace que los pacientes no sigan el tratamiento recomendado por sus médicos.